Los padres que quieren objetar piden que se respete su derecho a elegir la enseñanza de sus hijos. Los docentes luchan por ejercer su libertad de cátedra.
Paradojas de la vida, una asignatura cuyo nombre es Educación para la Ciudadanía (EpC) lo único que ha logrado hasta el momento es dividir a la sociedad y enfrentar a docentes, así como a políticos -tanto autonómicos como nacionales- con eclesiásticos. Aunque esto también depende la comunidad de la que se esté hablando. En resumen, que vaya ejemplo que están dando los adultos a los más jóvenes.
Lejos de llegar a un acuerdo general a falta de cuatro meses para la puesta en marcha de esta materia en los centros de educación secundaria de la Comunidad Valenciana, lo cierto es que las distancias parecen más insalvables que nunca, especialmente a raíz del anuncio del Gobierno central de interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la norma desarrollada por la Generalitat sobre EpC.
Y es que los cambios que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha aplicado sobre el Real Decreto 1631/2006 saben a poco para algunos, mientras que a otros tantos les parecen excesivos. Así, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) de Alicante, Antonio Ardid, apoya el decreto de la Conselleria, ya que considera que se ha hecho «un esfuerzo importante por parte del conseller para defender la postura de los padres que creen que esta asignatura supone un adoctrinamiento».
Para Ardid, «la opción B -que consiste en la realización de un trabajo trimestral con un enfoque transversal de un texto elegido con el consentimiento de la familia- es la más correcta puesto que elimina el componente doctrinal y garantiza la obtención del título académico, además de respetar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos».
Efectivamente, renunciar a que los descendientes cursen Educación para la Ciudadanía supone la no obtención del título de secundaria, porque la asignatura es de carácter obligatorio. Sin embargo, la opción B no resulta del todo viable, pues aún hay ciertas dudas de que llegue a ser aprobada por el Gobierno central.
Si se diera este caso, Ardid puntualiza: «Acatamos lo que dicte la ley, pero eso no significa que no podamos recurrir al Tribunal Superior de Justicia. Sabemos que el judicial puede ser un recorrido largo, pero tenemos claro que defenderemos nuestro derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos que, recordemos, no tendrá más que 13 años. No son, por tanto, mayores de edad, lo que significa que la responsabilidad de escoger los contenidos recae sobre los padres y nunca sobre los docentes».
En la misma línea se expresa el cabeza de lista del partido político Familia y Vida por Alicante, Raúl Sempere: «Educación para la Ciudadanía debería estar sujeta a la objeción total, ya que los niños que escojan la opción B se sentirán desplazados respecto a los demás por lo que considero que la única solución pasa por eliminar totalmente esta materia».
El ejemplo de Religión.
En opinión de Sempere, «esta es la misma situación que se vivía con la asignatura de Religión, que acabó por ser optativa, ya que, como doctrina católica que es, puede no ser compartida por todos los padres. Por ello, no logro entender cómo es posible que EpC sí sea, sin embargo, obligatoria».
De esta forma, el principal representante de Familia y Vida en Alicante invita a todos los padres que no quieren que sus hijos estudien EpC a
descargarse el documento de objeción de páginas web como hazteoir o del foro español de la familia y que lo entreguen en sus centros escolares «porque es la unión lo que hace la fuerza. Además, la tolerancia se aprende de persona a persona y no a través de una asignatura».
En el mundo de la docencia, no obstante, la mayoría de las voces se muestran en contra de los cambios que la Conselleria de Educación propone, como son la inclusión de esa opción B o su enseñanza en inglés.
Según el profesor Gerardo Fernández Asenjo, «no tiene ningún sentido que la familia elija cómo debe darse una asignatura. Si no lo piden con Matemáticas o Ciencias Naturales que, a su manera, también tratan ciertos valores, ¿por qué lo exigen con Educación para la Ciudadanía? La opción B sólo conlleva consecuencias negativas para el alumno, que acabará sus estudios con menos conocimientos que los demás. Sería como si en la clase de Historia impusieran que sólo se diera Isabel II. No tiene sentido».
«Para los profesores, asimismo, estos cambios traen problemas porque no se sabe en esta opción B quién hace la programación, quién la evalúa -¿también los padres?- y con qué criterios. Impartir la asignatura en inglés es, además, un despropósito por parte de la Conselleria porque, por un lado, el alumnado no entenderá nada -el Ministerio de Educación señala que el nivel de lengua extranjera en España es bajo-, es como si se diera un medicamento a un enfermo que se sabe que no le hará efecto. Y por el otro, no hay tantos profesores de Historia, Geografía o Filosofía -los únicos autorizados para enseñar EpC- con un inglés alto para dar la clase, por lo que habrá un profesor para muchos centros», concluye Fernández.
La Verdad de Alicante (25/05/2008).
